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AIDMUR LLEVA A ADELA MARTÍNEZ-CACHÁ ANTE EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Los docentes interinos de la Región hemos presentado una reclamación contra la Consejería de Educación por ocultar los informes jurídicos relativos al acuerdo de ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo que restaura el derecho al cobro del verano ilegalmente sustraído a los interinos.

La asociación de interinos docentes de la Región de Murcia (AIDMUR) ha registrado una reclamación contra la Consejería de Educación por la denegación del derecho al acceso a información pública en la que, además, nuestra asociación posee un interés legítimo, ya que AIDMUR es la parte ganadora en el recurso de casación ante el Tribunal Supremo que dio lugar a la STS 966/2018, de 11 de junio, donde se anula el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 24 de febrero de 2012, que privaba a los funcionarios interinos docentes del derecho al cobro de los meses de verano aunque hubiesen trabajado todo el curso.

A raíz de esta sentencia, la Consejería de Educación firmó un acuerdo, el pasado 6 de julio, con la mayoría de fuerzas sindicales en el que establecía un calendario de pagos para el abono de los meses de verano (correspondientes al periodo 2012-2015) que adeudaba a los funcionarios interinos.

AIDMUR tiene serias dudas sobre la legalidad de dicho Acuerdo, entre otros motivos por la arbitraria y discriminatoria prelación de pagos entre interinos que establecía, y porque dejaba en manos de la Consejería las fechas del abono efectivo de las cantidades (solamente con alegar “insuficiencia presupuestaria”, la Consejería puede demorar sine die el cumplimiento del calendario de pagos).

Por tal motivo, AIDMUR preguntó a la Consejera de Educación, en la reunión mantenida el pasado lunes 17 de septiembre, si dicho Acuerdo contaba con alguna clase de aval jurídico que garantizase su legalidad. Adela Martínez Cachá nos respondió que los servicios jurídicos habían emitido una serie de informes que aseguraban este extremo, así como que los ponía a nuestra disposición “sin ningún problema”.

Tras recibir dicha respuesta, y teniendo en cuenta además, que AIDMUR ya solicitó en el mes de julio la recepción de dichos informes, el pasado jueves 20 de septiembre, recibimos una llamada telefónica desde la Consejería para recoger dicha documentación. Nuestra sorpresa fue absoluta, ya que nos hicieron entrega de la sentencia y nuestras propias solicitudes, sin adjuntar documento alguno; lo cual interpretamos como un intento de burla.

Desde AIDMUR no entendemos este tipo de actuaciones pueriles por parte de una administración que debería ser más seria en sus actuaciones, y tan solo se nos ocurre que Martínez Cachá ha tenido nuevamente un ataque de prepotencia, o bien que dichos informes, sencillamente, no existen.

Ambas situaciones ya deberían motivar su cese o dimisión, pues implicarían que nos ha mentido o que tiene algo que ocultar. Igualmente grave sería que hubiera tomado una decisión, al llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales, sin tener en cuenta o solicitar un informe jurídico y económico en una causa que le va a costar alrededor de 40 millones de euros por culpa de la actuación fraudulenta y negligente de una Consejería de Educación que solo da tumbos y parece no tener un rumbo claro, lo cual tiene traslado en los pésimos datos que acumulan los últimos consejeros de educación y sus respectivos directores generales de RRHH, responsables directos y exclusivos de todo este conflicto que le va a salir muy caro a los bolsillos de los ciudadanos de nuestra Región.

Por todo ello estimamos, tras consultar con nuestro servicio jurídico, que la actuación de Adela Martínez Cachá es radicalmente incompatible con el derecho de acceso consagrado en el art. 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen gobierno que, interpretado en coherencia con el art. 105.b) CE, los arts. 23 y ss. de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la LRJPAC, consagra el derecho de acceso a la información pública y obtención de copia de los documentos imbricados en el expediente administrativo, con las limitaciones incluidas en la citada ley y que, en el presente caso, es evidente que no se producen, al encontrarnos ante un expediente cuya piedra angular son informes de los servicios jurídicos sobre la correcta ejecución de una sentencia que anula una disposición administrativa de carácter general.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN NO RECONOCE A AIDMUR COMO GANADORA DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE EL PAGO DEL VERANO.

ADELA MARTÍNEZ CACHÁ ACUSA A LOS SINDICATOS DE NEGARSE A QUE AIDMUR FORMARA PARTE DE LA NEGOCIACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA

Murcia, 17 de septiembre de 2018

En la mañana de hoy se ha producido, al fin, una reunión de AIDMUR con la consejera de Educación con el objeto de recibir las aclaraciones que hemos solicitado sobre cómo se va a ejecutar la histórica sentencia ganada por esta asociación en el Tribunal Supremo, y que proclama el fraude e ilegalidad cometida por la Consejería de Educación acerca del pago del verano a los interinos. Una sentencia, además, con efectos sobre todo el territorio estatal y que pone en evidencia las prácticas fraudulentas y vergonzosas de una administración que recortaba los derechos de los docentes.

Una reunión que desde AIDMUR hemos solicitado insistentemente desde la publicación de una sentencia en la que AIDMUR es la única parte recurrente, y que vio la luz el pasado 11 de junio. A pesar de ello, Adela Martínez Cachá se ha negado a recibirnos hasta el día de hoy. Dicha circunstancia debe ser tenida en cuenta porque el pasado 6 de julio se hace público un
repentino y desconcertante Acuerdo firmado con las organizaciones sindicales, que establece un confuso calendario de ejecución de la sentencia, sin tener en cuenta a esta asociación, y dejando en el aire el procedimiento de ejecución y su propia eficacia.

Desde AIDMUR valoramos negativamente el encuentro de esta mañana ya que la consejera no ha despejado ninguna de nuestras dudas y por un tono seco, distante y desagradable, muy alejado de las primeras promesas de entendimiento y diálogo de una consejera que hoy no ha queri
do reconocer a AIDMUR como parte ganadora de este proceso, lo cual resulta incomprensible desde el punto de vista de la lógica, las buenas formas y lo expresado por la justicia.

A este respecto, la consejera ha afirmado que no reconoce a AIDMUR como parte ganadora, a pesar de que somos la única parte recurrente ante la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo, por lo que incumplirá el Acuerdo firmado con los sindicatos el 6 de julio, cuyo apartado 2 establece un orden de prelación de cobro antes de la finalización de 2018, situando en primer lugar a los asociados de AIDMUR. El motivo es que la redacción literal del acuerdo establece, como primeros en cobrar la totalidad de las percepciones, a “los recurrentes que acudieron a la Sala y han ganado la sentencia”.

Hemos intentado explicar a la consejera el alcance literal de lo que ella misma ha firmado, pero nos hemos encontrado ante unas explicaciones confusas e inexactas, escudándose en unos supuestos informes de los servicios jurídicos de la Consejería que, por supuesto, pedimos hace meses y no nos han sido remitidos. A ello ha añadido, de forma sorprendente, que existen “otras partes que han ganado el juicio”, de lo cual nadie tiene constancia y, además, ninguna relevancia tiene, ya que el acuerdo firmado con los sindicatos hace referencia expresa a la sentencia ganada por AIDMUR.

También hemos querido indagar sobre el procedimiento que va a implantar esta Consejería para identificar y pagar a los beneficiarios, ya que Adela Martínez nos ha asegurado que “dispone de una lista”. Hemos querido saber de qué lista se trata, quiénes son y cuántos son, y nuevamente nos ha dado explicaciones y excusas confusas y se ha escudado en sus servicios jurídicos.

Como es habitual en AIDMUR, hemos acudido con una propuesta para implementar un sistema de ejecución de la sentencia que permitiera el abono de las cantidades adeudadas sin vulnerar derechos de protección de datos y a la libertad sindical y de asociación, pues entendemos que una administración no tiene por qué recibir listados de personas afiliadas o asociadas a sindicatos u asociaciones. Sin embargo, la consejera ha rechazado nuestro ofrecimiento, descartando que los asociados de AIDMUR puedan cobrar en primer lugar, a pesar de que eso es precisamente lo que indica el Acuerdo firmado con los sindicatos.

Además de ello, nos ha sorprendido que la consejera de Educación haya acusado a la totalidad de las organizaciones sindicales de negarse a que AIDMUR estuviera presente en la negociación de dicho Acuerdo. Según Adela Martínez, los sindicatos sostienen que AIDMUR no posee legitimidad alguna de representación, a pesar de que es AIDMUR quien gana la sentencia, en exclusiva. Consulta aquí la sentencia obtenida por AIDMUR ante el supremo

Lamentablemente este ha sido el contenido de una reunión que llega tarde y mal, con explicaciones confusas, acusaciones a los sindicatos y la negación de la evidencia de que es AIDMUR la única parte recurrente ante el Supremo, cosa que se desprende de una lectura fácil de una sentencia histórica, lo cual hace que la propia consejera deslegitime el mismo Acuerdo que ella ha firmado, lo que hará que AIDMUR estudie las posibles acciones legales correspondientes, tanto por el incumplimiento como por si existiesen otro tipo de implicaciones más serias por un eventual incumplimiento arbitrario y voluntario.

La PECEPI insiste en la necesidad de establecer medidas para la consolidación del profesorado interino

La Plataforma  Estatal por la Consolidación y la Estabilidad del Profesorado Interino (PECEPI) , de la que AIDMUR forma parte activa desde su creación, se reunió este fin de semana en Valencia para analizar la situación actual del colectivo después del cambio de gobierno, de la realización de las oposiciones y las adjudicaciones de inicio de curso.

Después de analizar el impacto de las oposiciones en los diferentes territorios del estado, se evidenció la necesidad, como viene defendiendo la PECEPI y las diferentes entidades que la conforman, de establecer medidas de consolidación y estabilidad del profesorado interino, para garantizar la continuidad en el trabajo del colectivo.
Se reclama, por tanto, al Ministerio de Educación la negociación de estas vías de consolidación y estabilidad con una nueva modificación del RD 276/2007 de ingreso en la función pública docente y del RD 84/2018 que regula el régimen transitorio de acceso derivado para el Acuerdo par la Mejora del Empleo Público de 2017.

Reunión PECEPI, Valencia 15 sept

Además, la PECEPI, como ya anunció hace unos meses, ha elaborado dos propuestas no de ley (PNL) que se presentarán próximamente en el Congreso de los Diputados; la primera, para la equiparación de las condiciones laborales del profesorado interino con el funcionariado de carrera, y la segunda, para la protección por pérdida de empleo para el profesoado interino mayor de 55 años.  Con estas PNLs se pretende que la equiparación de condiciones de trabajo sea un instrumento para facilitar la funcionarización del profesorado interino y dificultar su cese.

La PECEPI también acordó coordinar acciones en los distintos territorios como medida de presión para conseguir los objetivos de la consolidación y la estabilidad del colectivo. Es por eso que la PECEPI hace un llamamiento a la unidad del profesorado interino para que trabaje conjuntamente en el mismo objetivo y aunar esfuerzos en esa dirección.